El líder de Morena en el Senado mexicano, Ricardo Monreal, presentó esta semana un proyecto para crear un nuevo regulador que asumiría las tareas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Con el argumento de que algunos órganos reguladores del Estado comparten “ciertas características en cuanto a la naturaleza de sus facultades y competencias”, lo que permitiría integrarlos en uno solo, Monreal propuso crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (INMECOB).
De acuerdo con Monreal, la propuesta implica reformar el artículo 28 de la Constitución. El INMECOB sería un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica, autonomía técnica, operativa y de gestión. Uno de los objetivos de INMECOB es establecer un solo regulador de competencia económica en los sectores de Telecomunicaciones, Radiodifusión y Energético.
La principal motivación de esta propuesta es la austeridad que propone el nuevo regulador: el presupuesto total del INMECOB para operar sería de alrededor de $1,875 millones de pesos, lo que según Monreal supondría una disminución de 21% del presupuesto que se destina hoy a los tres reguladores.
El río suena
Las reacciones no han cesado. El presidente nacional de CANACINTRA, Enoch Castellanos, consideró que la propuesta de desaparecer a los tres organismos reguladores representaría un retroceso en la vida institucional del país.
La bancada del PAN en el Senado calificó la propuesta de Morena como el intento de hacer un Frankenstein para manejarlo a su antojo, extinguir la propiedad privada, impedir la competencia y socavar su autonomía.
Ricardo Zermeño, director de la firma de consultoría Select, se mostró sorprendido antes esta iniciativa. Señaló que si bien los sectores de energía, telecomunicaciones y competencia económica tienen en común el tema de regulación, cada uno exige una especialización importante para hacer frente a sus retos. Además, indicó que estos institutos son un contrapeso del Ejecutivo y habría que ver si podrán mantener su poder autónomo.
La Cámara Internacional de Comercio en México (ICC) consideró que esta reforma constitucional acarrearía más riesgos que los beneficios económicos por los cuales se plantea generar una nueva entidad.
Por otro lado, la organización México Evalúa expresó a través de un comunicado que desintegrar los organismos reguladores existentes incrementaría la influencia política en la toma de decisiones.
México Evalúa cuestionó el supuesto ahorro estimado de $500 millones de pesos anuales porque “no compensa el debilitamiento de los reguladores y la autoridad de competencia”. Además, señaló que se pondría en riesgo el cumplimiento del requisito estipulado en el T-MEC que se refiere a que cada país miembro debe contar con un organismo regulador de telecomunicaciones independiente.
