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Una nueva ley de ciberseguridad para México

El grupo parlamentario del PRD presentó hace unos días una iniciativa para una nueva Ley de ciberseguridad en el Senado de la República. Propone revisar el Código Penal para castigar los delitos informáticos.

Publicado el 22 Oct 2020

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El grupo parlamentario del PRD presentó hace unos días una iniciativa para una nueva Ley de Ciberseguridad en el Senado de la República. La propuesta plantea revisar el Código Penal para castigar los delitos informáticos incluso con penas de cárcel.

Al proponer la iniciativa, el senador Miguel Ángel Mancera afirmó que durante la pandemia se ha incrementado entre 40% y 60% el uso de internet y el tráfico de información en el país. Por esa razón, consideró que la protección de datos, así como la navegación y operaciones seguras cobran mayor relevancia.

De acuerdo con la iniciativa, se modificaría el Código Penal Federal y la Ley General del Sistema Nacional de Ciberseguridad, además de generar una Ley General de Ciberseguridad. También propone la creación de un Centro Nacional de Ciberseguridad que dependería de la Secretaría Ejecutiva y —apoyado por el IFT— tendría que definir la política federal mediante una Estrategia Nacional de Ciberseguridad.

Mancera trabaja en conjunto con las senadoras Josefina Vázquez Mota y Claudia Ruiz Massieu para tener un Código Nacional de Procedimientos Penales que incluya sanciones a los delitos informáticos. En este rubro, se plantea extraer el capítulo de ciberdelitos del Código Penal Federal y llevarlo a la ley especial.

Legislación necesaria

Este tipo de iniciativas son bien recibidas por la sociedad. Días antes, durante la 6ª Semana Nacional de Ciberseguridad, organizada por la Guardia Nacional. Alejandra Morán, docente e investigadora de Derecho informático y nuevas tecnologías en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la UNAM, afirmó que una iniciativa en materia de legislación de ciberseguridad siempre es una buena oportunidad. “Si la propuesta es valiosa, está fundada y fundamentada nos tiene que poner en un mejor lugar”.

No obstante, como señaló en esa oportunidad Horacio Azzolin, fiscal especializado en ciberdelincuencia de Argentina, hay modalidades emergentes de delitos informáticos como la difusión no consentida de imágenes íntimas, ciertos tipos de acoso u hostigamiento digital y la usurpación de identidad sobre las que se debe trabajar a nivel legislativo.

En México, la llamada Ley Olimpia, Ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, propone reformas a códigos penales locales para sancionar temas como ciber venganza, ciber porno y el acoso sexual. Esta ha sido una de las modificaciones más recientes hechas por legisladores.

Diferentes piezas de un rompecabezas

No obstante, el combate a la ciberdelincuencia abarca distintos frentes, no solo la parte de legislación. Marco Antonio Zeind Chávez, maestro y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, afirmó que es necesario que se diseñe una normatividad atemporal que no se encargue solamente de regular conductas o tecnologías actuales, sino que se deje un marco normativo con la suficiente amplitud para que sea aplicado por muchos años.

En su opinión, esto requiere de políticas públicas claras y que el Gobierno tengan áreas fortalecidas con personal capacitado. A la fecha, hay en el país 43 unidades cibernéticas en diferentes cuerpos policiacos que hacen frente a delitos informáticos y hay 32 codificaciones penales más la federal.

Tan solo entre enero y agosto de 2020, la Dirección General Científica de la Guardia Nacional ha recibido alrededor de 14,000 reportes ciudadanos, de ellos 45% son conductas que afectan a las mujeres cometidas a través de medios electrónicos: acoso, amenazas, difamación, suplantación de identidad, extorsión, fraude, entre otros.

Además, se requiere crear fiscalías especializadas y capacitar a quienes aplican la justicia, como ha señalado en diferentes ocasiones Cinthya Solís, socia del despacho Lex Inf y quien está al frente de la Comisión de Protección de Datos Personales de la Barra Mexicana de Abogados.

Desde 2001, el Convenio de Budapest ha sido el marco para hacer tipificación penal y ha servido de ayuda en materia procesal al dar parámetros específicos de cooperación entre las naciones. El camino por recorrer aún es largo pero la propuesta de este tipo de iniciativas marca un poco de avance.

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Maricela Ochoa Serafín
Maricela Ochoa Serafín

Reportera de tecnología. Suele buscar temas de innovación, nuevas aplicaciones IT y seguridad de la información. Periodista por la UNAM; estudió Marketing en el ITAM y Branding en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Storyteller apasionada por la astronomía.

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