Representantes de la Unión Europea (UE) han propuesto este jueves crear un pasaporte europeo para plataformas de crowdfunding con el fin de permitir a estas compañías prestar sus servicios en todo el bloque y, de esa manera, impulsar un sector que, a su consideración, está “subdesarrollado” en comparación con otras zonas del mundo.
Según datos de la UE, en 2016 se consiguieron 7.700 millones de euros de financiamiento a través de estas plataformas en el bloque, muy por debajo de América (35.200 millones de euros) y Asia (200.700 millones de euros).
Lo anterior se debe a que, actualmente, el crowdfunding en la UE está regulado a través de legislaciones nacionales de los Estados miembros, por lo que las plataformas se enfrentan la normas divergentes, dependiendo del país en el que operan. De ahí que se haya planteado la creación de un pasaporte europeo opcional para que estas plataformas puedan operar en toda la UE siguiendo, únicamente, un conjunto de reglas, en lugar de tener que cumplir con todas las diferentes legislaciones nacionales de los Estados miembros.
La normativa propuesta, que todavía debe ser aprobada por el Parlamento Europeo, define además varios criterios que las plataformas que ofrecen este servicio tienen que cumplir para conseguir este pasaporte.
Por ejemplo, la legislación cubrirá únicamente aquellos servicios de crowdfunding que conllevan un beneficio económico para los inversionistas. Por lo tanto, quedan excluidas las plataformas que se basan en donaciones, puesto que no son servicios financieros, así como las que funcionan mediante créditos de los consumidores.
PROTECCIÓN PARA LOS INVERSIONISTAS
La propuesta incluye una serie de mecanismos que buscan incrementar la protección de los inversionistas de este tipo de productos, entre ellos, que deben ser informados sobre los riesgos asociados a un proyecto y advertidos acerca del hecho de que no se trata de productos de ahorro.
En la misma línea, las plataformas de crowdfunding y los gestores de proyectos tendrán el deber de detallar información concreta para cada oferta de una forma transparente, para facilitar a los inversionistas un análisis de los riesgos antes de aportar financiamiento. Esto incluye datos sobre el responsable del proyecto, las principales características del proceso y las condiciones.
A su vez, antes incluso de realizar la inversión, los inversionistas deberán demostrar su nivel de conocimiento de productos financieros y su capacidad de asumir pérdidas.
Por último, los proveedores de servicios de crowdfunding tendrán la obligación de evitar cualquier conflicto de interés como, por ejemplo, tener una participación financiera en ofertas de su propia plataforma. Además, estará prohibido que acepten pagos para inducir a sus clientes a invertir en proyectos concretos.
La propuesta busca que la Autoridad Europea de Valores y Mercados(ESMA, por sus siglas en inglés) sea la institución responsable de autorizar y supervisar a las plataformas de crowdfunding en la UE. En efecto, Bruselas pide que tenga el poder de imponer sanciones y retirar el pasaporte en casos de infracciones graves.
