A casi un año de que se dieran a conocer los ciberataques a periodistas mexicanos mediante el malware espía Pegasus –virus que infectaba teléfonos móviles y permitía acceso a toda la información del usuario por control remoto y que fue denunciado por la organización mexicana Red en defensa de los derechos digitales (R3D)–, el Poder Judicial de la Federación ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) admitir las pruebas presentadas por la defensa de las víctimas de dicho espionaje.
En 2017 se dio a conocer una investigación a propósito de la compra de Pegasus, un malware de la empresa israelí NSO Group que habría sido utilizado por el Gobierno mexicano para espiar a periodistas, activistas de derechos humanos y académicos.
Ahora, un juez ha ordenado a la PGR que admita las pruebas que se presentaron desde que surgió este problema. Hasta el momento, se han entregado 70 evidencias, de las cuales solamente se han tenido en cuenta nueve, mientras que 49 han sido negadas por la autoridad.
En el comunicado, las organizaciones que fueron víctimas del espionaje consideraron que el no admitir dichas pruebas era una muestra patente de la falta de diligencia con la que se conduce la PGR en la investigación de “Gobierno espía”.”
Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, El Poder del Consumidor, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) son las organizaciones que firman la misiva.
La nueva resolución obligará a la Procuraduría a pedir información a las instancias gubernamentales que se sospecha estuvieron vinculadas con Pegasus, así como proporcionar más detalles sobre la contratación del malware a NSO Group y sus implicados.
Las organizaciones afirmaron que la decisión tomada por el juez “es relevante porque demuestra que el Poder Judicial puede ser contrapeso frente a una Procuraduría que parece más comprometida con la impunidad que con la verdad”.
No obstante, destacaron la importancia de que se forme un panel de expertos independientes para que la investigación se considere imparcial y que se logre probar la implicación del Gobierno mexicano en el uso de este software dedicado a espiar a periodistas o activistas.
