Un proyecto de ley de gasto federal divulgado esta semana busca destinar $380 millones de dólares para ayudar a proteger los sistemas de votación estadounidenses de los ciberataques, en lo que serían los primeros pasos concretos del Congreso para reforzar la ciberseguridad electoral desde que la campaña presidencial de 2016 estuviera marcada por acusaciones de injerencia rusa.
Los estadounidenses votan en noviembre en las elecciones de mitad de periodo, actividad que los funcionarios de inteligencia de EE.UU. han advertido, reiteradamente en las últimas semanas, podría ser atacada por Rusia u otras personas que buscan interrumpir el proceso.
El financiamiento otorgaría subvenciones a los estados para ayudarles a comprar máquinas de votación más seguras, realizar auditorías posteriores a las elecciones y mejorar la capacitación en seguridad cibernética para las elecciones.
El proyecto de ley de gastos también incluye un aumento de $307 millones sobre la solicitud de la administración Trump para el presupuesto del FBI, que estaría destinado, en parte, para los esfuerzos de contrainteligencia “para protegerse contra los ciberataques de Rusia”.
Todavía falta aclarar inmediato cuándo se pondrían a disposición los fondos o si se entregarán. Al respecto, el senador republicano Richard Burr dijo el miércoles que la necesidad de mejorar la seguridad electoral es “urgente”, pero ya puede ser demasiado tarde para marcar la diferencia en las elecciones presidenciales de 2020.
Principales usos
El financiamiento puede ser útil para los estados que no cuentan con un conteo de votos con boletas impresas de votos emitidos en máquinas electrónicas en las que, según los expertos en seguridad, es esencial para garantizar que no se haya producido ninguna alteración.
Actualmente, cinco estados de EE.UU. no poseen respaldo en papel, mientras que otros ocho tienen algunos distritos electorales sin copias de seguridad en papel.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo el miércoles que no contar con una auditoría verificable en algunos estados equivalía a una “preocupación de seguridad nacional”.
Según datos de dicha entidad, el año pasado, 21 de los 50 estados experimentó una prueba inicial de que sus sistemas electorales y un pequeño número de redes se vieron comprometidas. Sin embargo, no hay evidencia de que los votos hayan sido realmente alterados.
Los funcionarios electorales estatales han dicho en repetidas ocasiones que un mayor financiamiento federal les ayudaría a proteger mejor los sistemas de los piratas informáticos.
A pesar de la inacción del Congreso, casi todos los estados han tomado, al menos, algunas medidas para comprar equipos más seguros, expandir el uso de papeletas, mejorar la capacitación cibernética y buscar asistencia federal, según aseguran grupos que rastrean la seguridad electoral.
