La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, que preside el diputado Alfredo Femat Bañuelos, aprobó el dictamen a un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, a que impulse ante la Organización de Estados Americanos (OEA) un convenio latinoamericano de ciberseguridad.
También se aprobó la propuesta de hacer un exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal que suscriba la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de la OEA, y en su caso, remita a la Cámara de Senadores el expediente para que sea aprobado en términos de lo dispuesto por la Constitución.
El representante consideró que ese “es el espacio idóneo para impulsar un convenio de esta naturaleza por tratarse, en primer término, de una organización internacional con personalidad jurídica propia y una estructura organizacional específica que le permite impulsar iniciativas como la que se plantea”.
Un “Punto de acuerdo” es una propuesta que los legisladores ponen a consideración del Pleno. Esto no constituye una iniciativa de ley, sino un pronunciamiento sobre asuntos políticos, culturales, económicos o sociales que afectan a una comunidad o grupo particular, para formular algún pronunciamiento, exhorto o recomendación.
Los documentos se turnan a Comisiones para su dictamen sin que proceda discusión, salvo que haya alguna objeción, en cuyo caso se podrá discutir y votar su admisión. Si el Pleno admite la propuesta, se turna a Comisión. De lo contrario, se considera desechada y no puede volver a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones.
El tema demanda cooperación de naciones
La diputada María Eugenia Hernández, quien promovió el punto de acuerdo, dijo que para hacer frente a la delincuencia cibernética se requiere cooperación entre las naciones. Esta es una problemática relevante. Baste recordar que tan solo en México, la Dirección Científica de la Guardia Nacional inhabilitó el año pasado 5,171 sitios web apócrifos; en ellos se usurpaba la identidad de instancias como el Registro Nacional de Población (Renapo), el Banco y la Secretaría del Bienestar. Durante su primer año de operaciones, el Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de la Dirección Científica de la GN identificó más de 130,000 incidentes, códigos maliciosos que afectan a distintas instituciones.
En agosto del año pasado, el grupo parlamentario Encuentro Social publicó un Punto de acuerdo en la Cámara de Senadores exhortando a la SRE a impulsar a México a adherirse al Convenio de Budapest, del que es observador.
Existen diferentes muestras de la colaboración entre la OEA y dependencias del Gobierno mexicano para disminuir el impacto negativo en materia de ciberseguridad. En 2019, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el organismo regional contaron con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Macomunidad de Naciones del Reino Unido para diseñar una aplicación interactiva en forma de simulador para que cualquier usuario de internet y telefonía móvil tomara precauciones y evitara exponerse a situaciones de riesgo.
En abril de 2017, a través de su Programa de Seguridad Cibernética, la OEA convocó una comisión de expertos internacionales para compartir las mejores prácticas con entidades mexicanas para mejorar las capacidades nacionales de seguridad cibernética en el país. Así se realizó ese año el taller “Hacia una Estrategia Nacional de Ciberseguridad”.
