La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió que se detenga la instalación y operación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, Panaut, hasta que se resuelva el proceso.
La decisión no se tomó por las protestas acerca del potencial mal manejo de datos el padrón y la privacidad de datos. Lo que inclinó la balanza temporalmente contra el Panaut fue la consideración de que el ordenamiento legal contraviene la autonomía presupuestal del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Norma Lucía Piña, ministra de la SCJN, consideró que es válida la controversia constitucional interpuesta por el IFT contra el padrón de datos biométricos. Conformar dicho padrón restaría recursos económicos al Instituto y comprometería su presupuesto anual 2021; para mayo —cuando se aprobó el Panaut—, ya se había asignado “a las funciones que señala la Constitución a este órgano regulador”.
Entre las actividades que realiza el órgano regulador destacan la orientación y asesoría a más de 90,000 usuarios vía telefónica, correo, presencial, chat en línea y el sistema Soy Usuario. Asimismo, ofrece herramientas digitales como el Comparador de servicios de telecomunicaciones y el Comparador de equipos terminales.
La ministra afirmó que la suspensión “surtirá efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superveniente”.
Cabe señalar que la decisión tomada por la SCJN no tiene nada que ver con los señalamientos de posibles vulneraciones a dicha base de datos nacional con información personal de los usuarios de telefonía móvil, entre ellos sus datos biométricos. Lo que pesó al tomar la decisión de aceptar la controversia fue que se restarían recursos económicos del IFT, hecho que comprometería su trabajo de regular las industrias de telecomunicaciones y radiodifusión.
Cuando presentó la controversia, el IFT había argumentó que el Panaut requeriría aproximadamente $109 millones de pesos de su presupuesto anual y $88 millones de pesos cada año posterior. Además, el Instituto señaló que echar a andar el padrón demandaría que se contrataran otros 150 funcionarios, lo que restaría $150 millones de pesos a su presupuesto.
