La Fiscalía General de la República (FGR) informó que tiene abiertas dos carpetas de investigación relacionadas con el software de espionaje Pegasus: una por peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa en su adquisición; otra por intervención ilegal de comunicaciones privadas.
Ninguna de ellas tiene que ver con casos de este sexenio. A principios de octubre una investigación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), SocialTIC y ARTICLE 19 México y Centroamérica reveló el uso de dicho spyware en esta administración.
La Sedena, a quien se apuntó como el comprador en los casos recientes, rechazó haberlo utilizado.
En un comunicado, la FGR explicó que la primera carpeta es por la adquisición por parte de la entonces Procuraduría General de la República, durante el sexenio anterior, del equipo de inteligencia, por la cantidad de $456,843,149 pesos.
Detalló que se hizo la compra “sin que existiera justificación para su celebración y evadiendo los procedimientos de licitación pública, así como el uso irregular de la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional”.
La segunda carpeta es un procedimiento por el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas en perjuicio de diversos periodistas y defensores de derechos humanos, en la cual el 26 de agosto de 2021, la Fiscalía ejerció acción penal a través de la obtención de una orden de aprehensión.
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La FGR dijo que en la primera investigación se advierte la existencia de un concurso de delitos consistentes en peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa; y cuyos presuntos responsables fueron Tomás “Z”, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, así como otros servidores públicos que, por razón de secrecía y viabilidad procesal, no se identifican en este momento.
Actualmente, dijo, se está gestionando la solicitud de orden de aprehensión contra quien proceda, así como las pautas para ejercitar acción penal.
Por lo que toca al uso de dichos equipos, se estará en posibilidad de ampliar la acción penal por los delitos vinculados por el espionaje ilegal, en el momento procesal en que se obtenga información al respecto.
En el caso de la segunda carpeta, la orden de aprehensión fue en contra de Juan Carlos “N”, cumplimentada en noviembre pasado, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de intervención ilegal de comunicaciones, como coautor material de dicho hecho delictivo.
En este caso, explicó la FGR, se solicitó aplicación de la agravante prevista en artículo 51 del Código Penal Federal, que establece que la pena se incrementará cuando el delito se comete en contra de la libertad de expresión.
Recordó que el juez de control determinó vincular a proceso al imputado, así como también la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por existir riesgo de fuga y posibilidad de intervención en el desarrollo de las investigaciones.
La Fiscalía detalló que se han presentado ante la autoridad judicial, las notas de prueba que señalan que la empresa NSO Group vendía ilegalmente el sistema Pegasus mientras que, al mismo tiempo, lo utilizaba por su cuenta para entregar la información a otras personas. Conforme se vaya obteniendo mayor información al respecto, se dará a conocer.
