A mediados de agosto, y ya con tres años de iniciado este Gobierno, se presenta por fin el documento que buscará la autonomía tecnológica del país en los siguientes tres. Está elaborado bajo los criterios de austeridad y de modernidad “desde abajo”.
Por primera vez en su historia, a fines de 2015, se presentó una Estrategia Digital Nacional (EDN) en el país, encaminada a construir un México Digital. Corría el sexenio de Enrique Peña Nieto, y aunque la EDN no cumplió con los ambiciosos objetivos que perseguía, nos dejó el portal digital gob.mx, que sigue funcionando como concepto de ventanilla única hasta a fecha.
Casi no sorprende que hayan tenido que pasar tres años para que la administración actual diera a conocer el documento que delinea los principios de una estrategia digital para el país. Sabemos que la tecnología y la ciencia no están al centro de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
A muy grandes rasgos, la EDN 2021-2024 pretende lograr en los siguientes tres años una conectividad pública y gratuita a internet para garantizar acceso a la población de escasos recursos (los pobres), y una independencia tecnológica basada en talento local y software de código abierto.
Elaborado por Carlos Emiliano Calderón Mercado, coordinador de la EDN de la Oficina de la Presidencia de la República, el documento recoge el único proyecto que conocíamos hasta ahora: el de Internet para Todos, cuya viabilidad depende del aprovechamiento de la infraestructura de la CFE, a través de su subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos. Asimismo, sus dos ejes principales de acción están centrados en el bienestar social del pueblo mexicano con una “visión humanista” del uso de las tecnologías de información y “guardando estrictamente los principios de austeridad republicana, transparencia, privilegiando lo público (sic) y el uso o desarrollo nacional de tecnologías de acceso abierto”.
A pesar de que todavía no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación y que deberá ser acompañado del reglamento que traduzca en acciones concretas sus grandes lineamientos, ya conviene conocer el espíritu del documento, que está orientado hacia el logro de la independencia tecnológica, es decir, “la no sujeción a compromisos y condiciones impuestas de forma arbitraria por los proveedores o fabricantes de tecnologías”. Es decir, busca evitar monopolios y dependencias técnicas a partir de la generación de soluciones propias y el aprovechamiento del talento técnico disponible en las propias dependencias públicas. Si mi lectura no es equivocada, se trata de una declaración de criterios de compras públicas contraria a los sistemas propietarios, a los contratos de outsourcing y al control de los datos por terceros. Es curioso, sin embargo, que apenas en febrero del año pasado (previo al inicio de la pandemia) el presidente López Obrador recibió en conferencia de prensa una video llamada de Satya Nadella en la que el CEO de Microsoft anunció que invertiría $1,100 millones de dólares a lo largo de los próximos cinco años, como parte del proyecto “Innovar por México”. Entre los objetivos del compromiso se encuentra establecer en México centros de datos de Microsoft para alojar servicios de nube, y brindar soporte para soluciones de código abierto.
Ya veremos si, a partir de la oficialización de la EDN, seguirán los contratos con empresas multinacionales y bajo qué criterios, dado que, otra vez, se parte del prejuicio de que todo contrato firmado en administraciones pasadas fue corrupto y leonino.
Está más que claro en el apartado que corresponde a la visión de la EDN, visión que no es única, pues se desdobla en dos: lograr independencia tecnológica, “a través de la eliminación de compromisos y condiciones arbitrarias impuestas por proveedores o fabricantes”; y alcanzar la autonomía tecnológica, para lograr “un país digitalizado y un gobierno austero, honesto y transparente, centrado en las necesidades ciudadanas, sobre todo de los más pobres”.
Alcanzar un “Estado de Bienestar”
Ese sería el propósito último de las IT y las comunicaciones, de acuerdo con el documento de marras, que se desprende del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
Los ejes de la estrategia, derivados de la visión arriba mencionada, son: Política digital de la administración pública federal (APF) y Política social digital. El objetivo de la primera es transformar a la APF mediante el uso de las IT y las comunicaciones para transparentar los servicios gubernamentales; mientras que el objetivo de la segunda es, de nuevo, la cobertura de internet a todo el país, con énfasis en las zonas más pobres y alejadas. En ninguno de los tres objetivos específicos que se derivan de la Política digital social se habla del desarrollo de habilidades en la población de escasos recursos, ni de capacitación a maestros, inclusión de materias, talleres o cursos en materia digital en el currículo escolar. Es decir, los más pobres tendrán acceso a una autopista virtual, pero es muy probable que no sepan manejar o que, incluso, no posean un vehículo.
Por último, la EDN se regirá por cinco principios: austeridad, combate a la corrupción, eficiencia en los procesos digitales, seguridad de la información y soberanía tecnológica. Este último, como se puede entender, vuelve a enfatizar el rol de “la nación” para tomar decisiones “sin interferencias externas sobre qué políticas y estrategias se deben seguir en torno al ámbito digital y tecnológico”.
Si los servidores públicos en verdad se sujetan al propósito de “acabar con prácticas injustas, desleales, leoninas y perversas que benefician intereses particulares perjudicando al Estado o a sus integrantes” (desglose correspondiente al principio del combate a la corrupción), los actores de la industria IT tendrán que manejarse con gran astucia, humildad y tacto si quieren hacer ventas al gobierno federal.
